Natalia de los Santos, extitular de la Anses de Corrientes, fue procesada este martes por la justicia federal en una causa que investiga el procedimiento para el alquiler del local donde funciona el organismo en esta capital, indicaron fuentes judiciales.
El juez federal Juan Carlos Vallejos procesó sin prisión preventiva y trabó embargo a De los Santos, ex jefa de la Unidad de Atención Integral (UDAI) de Anses en esa capital, por haber alquilado a su suegro un local donde aún funciona el organismo.
Vallejos procesó también a Justo Merardo Estoup, su suegro, y a la esposa de este, Griselda Biviana Morelli, en tanto que dictó la falta de mérito del esposo de la exfuncionaria, Justo Alejandro Estoup, concejal de la Capital.
El juez mandó a embargar los bienes de las tres personas procesadas hasta alcanzar la suma de $ 500.000, respectivamente.
De acuerdo con la resolución del juez Vallejos, a De los Santos se la halló prima facie autora responsable de los delitos de abuso de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y enriquecimiento ilícito, figuras contenidas en los artículos 248, 265 y 268 del Código Penal, según indica el fallo, informó la agencia Télam.
En tanto que Estoup y Morelli fueron procesados por el presunto delito de fraude en perjuicio de la administración pública, según la medida judicial, por encontrarse en los términos del artículo 174 inciso 5 del Código Penal.
La causa tiene origen en una presentación de la Oficina Anticorrupción por una operación que se inició el 15 de abril de 2011 cuando De los Santos solicitó “una nueva locación de un inmueble en la modalidad de contratación directa”.
Así lo consignó el fiscal a cargo del caso, Flavio Ferrini en su pedido de indagatorias, en el que afirmó que “dos meses luego de esa presentación, sus suegros (…) con fecha 10 de junio de 2011 adquirieron (…) el inmueble ubicado en la avenida Armenia 3850”, donde actualmente funciona la Anses en Corrientes.
La compra se había hecho por $ 585.943, según indicó el Ministerio Público en su pedido al juez Vallejos.
Dos meses después de adquirir ese local, Justo Merardo Estoup y Griselda Morelli ofrecieron la locación por un valor de alquiler mensual de “$ 98.600, haciendo un total de $ 2.366.400, es decir, casi cuatro veces más del monto por el cual adquirieron el inmueble”, repasó el fiscal.