La Fiscalía Federal de Corrientes, a cargo de Flavio Ferrini, solicitó las indagatorias de un integrante del Concejo Deliberante de esa ciudad, de su pareja -ex titular de la ANSES Corrientes-, su padre y la esposa de éste, en el marco de una causa donde se investigan presuntas irregularidades en el alquiler de un inmueble destinado al funcionamiento de una Unidad de Atención Integral (UDAI) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
De acuerdo a la investigación, en abril de 2011 la por entonces jefa de la UDAI Corrientes, Natalia de los Santos -pareja del concejal Justo Alejandro Estoup-, solicitó una nueva locación bajo la modalidad de contratación directa, por lo cual requirió de $1.152.000 para un total de 36 meses de alquiler, en cuotas mensuales de $32.000. Justificó tal modalidad en la “emergencia edilicia” en que se encontraba el organismo, ante el avance de un juicio por desalojo iniciado por el propietario del edificio donde funcionaba la sede de la capital provincial.
Dos meses después, los suegros de la funcionaria adquirieron un inmueble ubicado en la Av. Armenia 3850 de la ciudad de Corrientes, por el cual abonaron $585.943, según se desprende de la escritura. El 18 de agosto de 2011, un día antes de que comenzara la apertura de ofertas, el matrimonio ofreció la propiedad por un valor de alquiler mensual de $98.600 ($2.366.400 total), es decir, por un valor casi cuatro veces más del monto por el cual adquirieron el inmueble. Finalmente, la comisión evaluadora de la ANSES propició que se acepte la propuesta elevada por los suegros de la funcionara, “la única propuesta” recibida. El contrato se firmó en diciembre de 2012 por un valor de $1.752.000 con la intervención, por un lado, de Natalia Soledad de los Santos en representación de la ANSES y, por la otra parte, sus suegros.
Al pedir la indagatoria de los cuatro imputados, Ferrini encuadró los hechos bajo la figura de los delitos de administración infiel, cometido en perjuicio de una administración pública
Al pedir la indagatoria de los cuatro imputados, Ferrini encuadró los hechos descriptos bajo la figura de los delitos de administración infiel, cometido en perjuicio de una administración pública (art.173, inc. 7°, en función del art.174, inc. 5). El fiscal sostuvo en su presentación que existen pruebas suficientes para afirmar que los cuatros acusados “de manera directa llevaron a cabo un complejo plan orientado a lograr la locación del inmueble ubicado en la Av. Armenia 3850 de esta ciudad, para la ANSES (dependencia Corrientes Capital), bajo la simulación engañosa de una contratación directa”.
