El subsecretario de Comercio, Juan José Ahmar, informó que inspectores de la Dirección de Defensa del Consumidor verificaron que las cinco plantas distribuidoras de garrafas de gas de la ciudad de Corrientes se ajustan al precio máximo establecido para la venta. Según indicó todas cumplen con el monto fijado por el Gobierno nacional.
El director de Defensa del Consumidor, Orlando Seniquiel, recordó que por la Resolución 15/ 2019 de la Subsecretaría de Gobierno de Energía de la Nación desde el 1 de febrero de este año el nuevo precio máximo vigente es de $ 267,70, al cual hay que agregarle el IVA del 10.5 % y el factor de apartamiento del 2% para Corrientes. Según el funcionario, eso arroja un precio máximo de venta al público de $ 301,72 para la garrafa de 10 kg de GLP, que es la que más se utiliza en la zona. Es válido aclarar que dicha cifra corresponde al precio de comercialización en la planta del distribuidor; es decir no se incluye el costo del flete o envío.
Las inspecciones realizadas permitieron constatar que todas las distribuidoras se encuentran vendiendo al público la garrafa de 10 kilos a $ 300. Ahmar explicó que el transporte hasta el domicilio del cliente tiene valor libre porque así lo contempla la legislación nacional vigente.
Tiempo atrás el personal de la cartera provincial había detectado diversas infracciones en el precio de venta aplicado -antes el máximo era de $ 220 y los costos eran superiores- por lo que labraron actas que dejaron constancia del incumplimiento. Esta acción del Estado, obligó a retrotraer dichos valor al máximo permitido.
Ahmar afirmó que seguirán controlando que las distribuidoras respeten el precio máximo permitido en las plantas y recomendó comprar en empresas autorizadas que garanticen que las garrafas están en los plazos de vencimientos. “Por razones de seguridad las garrafas metálicas tienen vencimientos que se encuentran impresos en su estructura, lo que debe controlarse ya que existen comercios inescrupulosos no autorizados que, con argumentos diversos, venden garrafas vencidas con riesgos de pérdidas o explosión”, dijo el subsecretario al tiempo que llamó a “denunciar formalmente en el organismo si detectan irregulares en precio y fecha de vencimiento”.
