La Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados lleva adelante 122 investigaciones contra jueces y fiscales bonaerenses con acusaciones que van desde la liberación de presos a su participación activa en bandas delictivas.
El secretario permanente del Jurado de Enjuiciamiento de la provincia Ulises Giménez confirmó que “las denuncias contra magistrados se han incrementado en el último tiempo“.
De acuerdo con los números del organismo, en 2017 se iniciaron 51 expedientes contra magistrados bonaerenses y en lo que va de 2018 se abrieron ya otros 47.
Uno de los jueces que se encuentra bajo la lupa es Luis Carzoglio, quien esta semana rechazó el pedido para llevar a prisión a Pablo Moyano y aseguró que hay una campaña mediática en su contra.
Entre los magistrados que están siendo investigados por delitos varios se encuentra también Federico Atencio, juez de Garantías de La Plata, quien es investigado por un presunto pedido de coimas a empresarios y funcionarios de IOMA.
Martín Ordoqui, juez de Casación Bonaerense, acusado de integrar la banda delictiva del exjuez César Melazo, junto a policías de alto rango, barrabravas de los clubes de La Plata, ladrones y estafadores.
César Melazo, exjuez de Garantías de La Plata, está procesado con prisión preventiva por ser considerado como uno de los líderes de la megabanda “mixta” de policías, ladrones, barras y funcionarios judiciales.
También se encuentra en el listado Fernando Cartasegna, el exfiscal de La Plata que denunció amenazas contra su vida y apareció maniatado en su despacho. Tras la investigación inicial se supo que todo había sido organizado por el fiscal.
La Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados tiene un cúmulo de atribuciones y deberes, entre los cuales, cabe destacar: la realización del sorteo de los miembros que han de integrar el Jurado, la solicitud de realizar informes, librar oficios y efectuar los requerimientos que estime necesarios para el adecuado despliegue de las misiones, efectuar un examen de admisibilidad formal de la denuncia y correr vista de ella a la Procuración General de la Provincia y a la Comisión Bicameral, cuando la denuncia no haya sido presentada por ellos, a los efectos de que dictaminen sobre su apertura o desestimación.
La Secretaría también es la responsable de notificar al magistrado o funcionario el comienzo de la instrucción, excepto en los casos que el conocimiento de la misma ponga en riesgo el resultado de la investigación.
