El Ministerio de Capital Humano, mediante una investigación liderada por Anses, detectó y denunció ante la Justicia graves irregularidades en la tramitación de la Asignación por Embarazo (AUE) para Protección Social. Las anomalías identificadas exponen una práctica sistemática de presentación de documentación falsa y certificados médicos apócrifos en diversas oficinas de atención de Anses, con el fin de percibir fraudulentamente la asignación.
La investigación, verificada y documentada por la Dirección de Asuntos Penales, Investigaciones y Sumarios de Anses, identificó varios tipos de irregularidades recurrentes en los formularios PS 2.67, requisito para acceder a la asignación:
- Certificados médicos apócrifos sin registro de nacimiento: Se detectaron solicitudes de Asignación por Embarazo con certificados médicos falsos en las cuales, tras la fecha de parto declarada, no se registró ningún nacimiento ni interrupción del embarazo, presumiendo embarazos inexistentes.
- Simulación de interrupciones de embarazo: En otros casos, se presentaron solicitudes de asignaciones por embarazo acompañadas de certificados apócrifos que incluían documentación falsa de interrupción del embarazo, permitiendo a las beneficiarias seguir percibiendo el beneficio hasta la presunta interrupción.
- Certificados con fechas de parto futuras: También se detectaron certificados médicos falsos con fechas de parto futuras, que ya estaban siendo utilizados para cobrar los pagos prenatales, sugiriendo embarazos falsos que luego se incluirían en las categorías de fraude ya mencionadas.
- Certificaciones inválidas y retenidas: En numerosos casos, Anses rechazó formularios PS 2.67 por inconsistencias notables, tales como matrículas médicas inválidas, sellos o CUIL erróneos, y certificaciones realizadas por profesionales sin habilitación en obstetricia. Estos formularios fueron retenidos preventivamente al considerarse un intento de defraudación.
Para el cálculo del perjuicio económico que podría haberle generado al Estado el fraude descubierto se tomaron en cuenta distintos escenarios, que consideran, por un lado, que los 203 casos fraudulentos hubieran cobrado la asignación durante 9 meses y, por el otro, que no todos lo hayan percibido, lo que arrojó, como mínimo, un perjuicio de 58 millones de pesos y, de máxima, de hasta 165 millones de pesos en perjuicio de Anses, lo que se determinará una vez que avance la investigación de la Justicia.
En respuesta a estas maniobras, la nueva gestión del Ministerio de Capital Humano y Anses reafirman su compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción. Para evitar la repetición de estas prácticas fraudulentas, se están rediseñando los procedimientos internos, con un enfoque en la digitalización de los certificados médicos y la implementación de nuevas herramientas que optimicen la verificación de los trámites. Estas medidas asegurarán un control más eficiente y seguro de los recursos destinados a la seguridad social.
El Ministerio de Capital Humano y Anses formalizaron una denuncia penal con toda la documentación recopilada y solicitaron una investigación profunda para identificar y sancionar a los responsables de estas maniobras fraudulentas.
