Con la luz verde del Senado, el gobierno de derecha de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, logró este miércoles hacer realidad su promesa de convertir la maternidad subrogada, también llamado alquiler de vientres, en un “delito universal”.
A partir de ahora las parejas italianas heterosexuales u homosexuales que recurren a esta práctica en otros países que sí la permiten –ya que en Italia está prohibida la también llamada “gestación para otros (GPO)”–, serán castigados. La nueva ley, que, de hecho, les impide a las parejas homosexuales volverse padres, pasó a ser una de las más restrictivas de Occidente.
Propuesta por Carolina Varchi, jefa de Hermanos de Italia –el partido de derecha de Meloni– en la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, la ley había sido aprobada en julio del año pasado con 166 votos a favor, 109 en contra y 4 abstenciones. Este miércoles en el Senado obtuvo el sí definitivo con 84 votos a favor, 58 en contra y ninguna abstención, en medio de las habituales polémicas y en una sesión al rojo vivo, que debió ser interrumpida varias veces.
La oposición de centroizquierda, en efecto, denunció la nueva legislación por ser “inconstitucional”, “de la Edad Media” y “contraria a los niños y a las familias arco iris”, como llaman aquí las familias formadas por parejas homosexuales.
“Hoy con el voto del Parlamento italiano los derechos no han sido negados, sino que, al contrario, han sido reafirmados y hechos efectivos”, retrucó Eugenia Roccella, ministra para la Familia, la Natalidad y la Igualdad de Oportunidades del gobierno de Meloni.
La nueva ley consta de un solo artículo, que prevé que la maternidad subrogada sea un delito aún si cometido en el exterior y que, por lo tanto, “el ciudadano italiano sea castigado según la ley italiana”.
La maternidad subrogada o GPO es una técnica de fecundación asistida en la que una mujer lleva adelante un embarazo por cuenta de personas que luego se volverán los padres del niño que nace, llamados “padres intencionales”. En Italia esta práctica ya estaba prohibida por una ley (la 40) de 2004 sobre la procreación medicamente asistida, que castiga “con la reclusión de tres meses a dos años y con una multa de 600.000 a un millón de euros” a quienes la “realizan, organizan o publicitan”. La maternidad subrogada, de hecho, es considerada por el ordenamiento jurídico una forma de explotación y una práctica degradante para las mujeres que llevan un embarazo por cuenta de otros.
