Los libertarios lograron sumar 84 votos gracias a un sector de la UCR. Por Corrientes, tres voluntades jugaron a favor del gobierno oficial.
El presidente Javier Milei logró sostener su plan de desfinanciamiento a las universidades públicas al contar con el apoyo de 84 diputados que apoyaron su veto a la ley que actualizaba partidas y salarios para las casas de estudios aprobada por las dos Cámaras.
Con 160 votos afirmativos para sostener la ley, 84 negativos que respaldaron el veto y 5 abstenciones, Diputados no pudo alcanzar los dos tercios necesarios para rechazar un veto presidencial.
El PRO, Creo, 3 diputados radicales y 3 tucumanos del bloque Independencia, que responden al gobernador Osvaldo Jaldo, apoyaron el veto. Además pidió votar el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a partir de un artículo que le permite participar.
Los 4 diputados misioneros y el radical Pablo Cervi se abstuvieron, al tiempo que 8 legisladores no asistieron a la votación, situación que favoreció al oficialismo.
Por Corrientes, Lisandro Almirón (LLA), Sofía Brambilla (PRO) y Federico Tournier, de Encuentro Liberal (ELI), votaron en negativo. En positivo lo hicieron Manuel Aguirre (UCR), Jorge Romero (UP), Nancy Sand (UP) y Christian Zulli (UP).
El radicalismo, impulsor del proyecto de financiamiento universitario, volvió a mostrar las mismas debilidades internas que llevaron a la sangría que permitió al mileísmo sostener el veto al aumento a las jubilaciones.
La balanza se terminó de inclinar a favor de la Casa Rosada gracias a los gobernadores que nuevamente jugaron fuerte. Por ejemplo, el tucumano Osvaldo Jaldo instruyó a los tres miembros del bloque Independencia a apoyar el veto y el misionero Carlos Rovira, jefe político del Frente Renovador de la Concordia, hizo lo propio con cuatro diputados misioneros de Innovación Federal que se abstuvieron (en agosto habían votado a favor de la Universidad). El mandatario sanjuanino Marcelo Orrego, en cambio, aportó dos diputados en contra del Gobierno. “San Juan es la tierra de Sarmiento y la educación pública, el gobernador no iba a regalarle ese flanco al peronismo de Uñac y Gioja para que lo ataquen”, explicó un operador. Fue la primera votación que toma distancia del oficialismo.
El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, jugó de forma ambigua. Uno de sus diputados, Sergio Acevedo, votó a favor del veto, mientras que su compañero de bancada José Luis Garrido defendió el veto. Una maniobra difícil de analizar.
Para ampliar los consensos y asegurar el apoyo del PRO, el Gobierno no dejó de negociar con los sindicatos docentes y ayer anunció un aumento de la Garantía Salarial Docente, que es el sueldo mínimo que los profesionales cobran de bolsillo por cargo y luego de descontar los aportes obligatorios. El incremento será retroactivo e implicará que desde el 1 de julio pasado el salario en cuestión tenga un piso de $420.000, lo cual se suma a la suba del 6,8% para personal docente y no docente de las Universidades Nacionales para octubre, que sigue por debajo del reclamo sindical.
Unión por la Patria se posicionó casi con unanimidad en contra del veto. Sin embargo, una ausencia encendió las alertas en el bloque que conduce Germán Martínez: la catamarqueña Fernanda Ávila se ausentó de la votación -aunque estaba en su despacho- a raíz de una negociación entre la Casa Rosada y el gobernador Raúl Jalil. Tanto la Coalición Cívica como el Frente de Izquierda pudieron salir de la sesión sin fisuras y aportaron todos sus votos para rechazar el veto.
“Es innegable la necesidad de recomponer las remuneraciones docentes, pero no hay crédito disponible para solventar un aumento significativamente por encima de las actualizaciones que ha recibido el resto de los empleados de la administración pública. La indexación de salarios, además de ser una práctica inercial, es inviable. ¿Por qué indexar salarios a docentes y no a los demás agentes públicos?”, planteó la diputada libertaria Mercedes Llano.
“La educación pública no está en peligro, no tengan miedo. Es ridículo pensar que el gobierno que declaró la educación como servicio esencial está detrás de un intento de terminar con la educación pública. Estamos en contra de los curros”, sintetizó José Luis Espert.
Sobre el final de la sesión, la oposición logró aprobar un emplazamiento a las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Poderes, Peticiones y Reglamentos para tratar los proyectos de reforma de la Ley 26122 sobre Decretos de Necesidad y Urgencia. Habrá dos reuniones informativas el 16 y el 23 de octubre, para dictaminar el 30 del mismo mes.
