La última vez que la Cámara de Diputados de la Nación consiguió las voluntades suficientes para sesionar -eso fue hace más de un mes- los representantes de Juntos por el Cambio forzaron un compromiso de la conducción del cuerpo, en manos de Cecilia Moreau (massista/kirchnerista), establecer la fecha del 23 de agosto para tratar la derogación de la ley de Alquileres -que lleva el N°27.551- y avanzar con una reforma parcial que permita subsanar los inconvenientes que actualmente enfrentan propietarios, inquilinos y los operadores del negocio inmobiliario.
Si el oficialismo honra el compromiso, la sesión sería el miércoles de la próxima semana, pero no hay seguridad porque el tema divide aguas en las distintas bancadas. No solo hay diferencias entre lo que piensa y propone el Gobierno, en sus distintas versiones legislativas, respecto de lo que quiere Juntos por el Cambio, también en la bancada de la oposición hay divergencias. El radicalismo, o por lo menos el grueso del radicalismo que representa a las provincias, no ve lo mismo que el PRO.
La ley de Alquileres está surcada por distintas grietas. El mejor reflejo es que no se ponen de acuerdo en los dictámenes de comisión, hay un par, pero ninguno de ellos engloba a la mayoría del cuerpo. Será difícil arribar a un consenso en estas condiciones, por eso la sesión está en dudas.
No obstante diputados nacionales por Corrientes que pertenecen a la UCR afirman que la reunión en el recinto, el miércoles de la otra semana, se hará si o sí.
¿Qué se va a modificar de la ley vigente? es la gran pregunta. En principio se podría conseguir un entendimiento precario respecto de la derogación de la ley, que haría reflotar la vieja legislación, pero tampoco hay acuerdo pleno en este punto.
Mientras tanto, las condiciones que impone la ley N°27.551 resultan urticantes. El índice de actualización de los alquileres correspondiente al mes de agosto determina un aumento de 109,4%, es decir más del doble de lo que venían pagando los inquilinos (ver aparte).
Dicen que estas exigencias desalientan el negocio. Hay versiones encontradas al respecto, lo que está claro es que hay poca oferta y la demanda se canaliza con operaciones por fuera de la legislación. Los que más patalean son los gerentes de inmobiliarias que quieren romper las condiciones de la ley -tres años de contrato y actualización anualizada- para volver al viejo esquema de libre negociación. El Congreso tiene la palabra. En medio de la compulsa electoral parece difícil que vaya a resolver algo con premura.
