Por ley, los recursos obtenidos por los servicios de la Dirección deben ser destinados a la modernización del área, pero nunca ocurrió.
La Dirección General de Catastro y Cartografía de la Provincia es parte de una causa judicial, junto con el Registro de la Propiedad Inmueble por una megaestafa en la adulteración de documentación vinculada a la venta de terrenos y por la cual hay funcionarios y profesionales imputados en una causa.
No obstante, hay otra causa que se remonta al año 2017 y de la que no ha trascendido demasiado. El agrimensor Pedro Pablo Cabrera, quien fuera jefe de Catastro Parcelario en 1968 y 1972 en esa dependencia, (luego renunció para dedicarse a la actividad privada), fue quien recurrió a la Justicia en una denuncia que fue caratulada como “malversación y administración fraudulenta de dinero público”, ante la Fiscalía de Instrucción Nº 3 a cargo de la Dra. Mónica Inés Espíndola y el Juzgado de Instrucción Nº 6 Dra. Graciela Ferreyra, con el Nº Expte 160.854/17.
Tiene que ver con el destino de los fondos obtenidos por esa dependencia en el cobro de Contribuciones Especiales por los servicios prestados por la Dirección y que por ley deben ser invertidos en la modernización del edificio y de la dependencia.
Cabrera relata a NORTE de Corrientes, que “es una cuestión irregular que atañe a contribuyentes en general y escribanos, abogados y agrimensores en particular, que data de 01/02/2008. Se trata del inadecuado destino del dinero recaudado por cobro de Contribuciones Especiales por servicios prestados por la Dirección General de Catastro y Cartografía de la Provincia”.
“En 1997 durante el gobierno de Raúl Rolando Romero Feris se sancionó la ley 5.217, por la que a través de un convenio con el Colegio de Agrimensores se autorizaba a la Dirección de Catastro a cobrar dicha contribución especial, con el objeto de invertir en la modernización (digitalización), capacitación informática del personal y mejoramiento del sistema operativo y funcional de la repartición, para hacerla más eficiente”.
Dicha ley, fue implementada diez años después por resolución del Ministerio de Hacienda 0458/07, que exigía que a los seis meses, el director de Catastro en consulta con el subsecretario y ministro de Hacienda, debía elaboran un Plan de Inversiones para saber en qué, cómo y cuándo se iba invertir dicho dinero.
“Luego de nueve años de implementación continua de la misma, sin que ninguno de los directores, elaborara el imprescindible Plan de Inversiones, sin haber realizado ningún tipo de capacitación informática del personal de planta, sin haber adquirido las computadoras personales que requería el plan de digitalización, sin haber equipado un mínimo centro de copiado de planos y documentos para impedir su salida del edificio a esos efectos, evitando extravíos, pérdidas y deterioros de valiosos documentos públicos históricos; agravado por una serie de denuncias contra el Colegio de Agrimensores, de personas reclamando indemnizaciones salariales a quienes se las hizo trabajar en Catastro, sin cumplir con el obligatorio examen de idoneidad y contrato laboral, que exige la ley creadora y ante la quietud de nuestro Colegio de Agrimensores y colegas que tenían conocimiento de lo que estaba ocurriendo desde hacía décadas, me vi en la obligación moral de denunciar estos hechos”.
“Pero más allá de haber ordenado el allanamiento en el Colegio de Agrimensores e incautación de documentos en Catastro, Banco Corrientes e Inspección de Personas Jurídicas; e inclusive haber presentado ampliaciones de denuncia en 2019, 2021 y 2022, aportando evidencias que la “Malversación” continuaba, estimándose al 2022, después de 168 meses de recaudación ininterrumpida, un monto equivalente a 3.000.000 de dólares, no se ha avanzado en nada y con un simple vistazo queda claro que no se invierte un solo peso, pese a que el cobro por contribución especial continúa”.
