Avanza la investigación que intenta desbaratar a una banda delictiva dedicada a falsificar instrumentos públicos y a la compra y venta de inmuebles de manera irregular para concretar así una megaestafa, cuya principal imputada es la escribana Gladys Báez, detenida desde principios de año y a quien se la acusa de un sinnúmero de defraudaciones y estafas, junto a la falsa notaria Teresa Vázquez, que sigue prófuga.
En relación a ello, ayer se llevaron a cabo allanamientos en la capital correntina.
El primer procedimiento concretado por la Prefectura Naval tuvo lugar en un edificio de la calle Mendoza al 900.
Además, se realizaron otros procedimientos en una casa particular y en una inmobiliaria de calle Roca al 1500, a media cuadra de la avenida Ferré.
La pesquisa se centra en el accionar de la escribana Báez, a partir de un análisis del protocolo notarial de la misma.
Según la pesquisa, intentó concretar la inscripción de inmuebles con los títulos de propiedad adulterada, y luego aparentemente fueron comercializados.
El mecanismo fraudulento fue detectado por los organismos de contralor de Catastro y el Registro de la Propiedad Inmueble.
De tal manera, las acciones generadas hasta la fecha son consecuencia de las denuncias de los organismos de la provincia y se aguardan nuevas acciones similares hasta la determinación definitiva de las responsabilidades.
Ayer en la requisa de las propiedades allanadas se secuestraron documentaciones y equipos informáticos que van a ser sometidos a pericias.
Desde el pasado 11 de agosto, por la misma causa, permanece detenida la directora del Registro de la Propiedad, la escribana María Eugenia Demetrio, quien además de dirigir la oficina registral correntina, desde noviembre pasado presidía el Consejo de Registros de la Propiedad Inmueble de la República Argentina, que reúne a los 24 distritos del país.
También continúa detenido el director de la Dirección de Catastro y Cartografía, Narciso Santín Toffoletti, quien prefirió no declarar en una primera instancia y ni siquiera presentó un pedido de excarcelación. Los delitos que se le imputan a las más de 15 personas detenidas, en su mayoría profesionales, son asociación ilícita, estafa, incumplimiento de los deberes de funcionario público, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública, falsificación de documentos públicos, uso de documentos públicos falsos, falsedad ideológica de instrumentos públicos, estos últimos agravados, y fraude en perjuicio de la administración pública. La causa es investigada por el Juzgado de Instrucción Nº 3 a cargo de la doctora María Josefina González Cabañas.
