El organismo estatal se presentó como querellante y aguarda la anuencia de la jueza. Ampliarán la acusación contra la ex directora detenida.
El Comité Provincial de Prevención de la Tortura (Cppt) se presentó como querellante en la causa por la muerte de C.F., el adolescente institucionalizado en el hogar de Menores de Virasoro que destapó anteriores casos de abuso sexual y maltrato a niñas y niños. El dato significativo es que el organismo estatal sostiene que se trató de un homicidio, lo que suma gravedad a todo lo que desde fines de febrero pasado ha venido sucediendo en la localidad -la de mayor tasa de violencia de la provincia- y que el viernes de la semana pasada había dado su última gran novedad con la prisión domiciliaria de la ex directora, Sonia Prystupczuk, que la noche anterior recibió un escrache que incluyó pintadas con consignas como “abusadora” y “asesina”. El secretario ejecutivo del Cppt, Jorge Isetta, informó ayer que se presentó como querellante en el expediente Nº 15.499/22 que tiene como delito principal la muerte del menor el pasado 22 de febrero, hecho por el cual no hay detenidos pero que podría tener novedades en lo que queda de la semana debido a que se aguardan los resultados de la reautopsia a cargo de peritos del Instituto Médico Forense. “Para nosotros se trató de un homicidio”, aseguró Isetta en declaraciones radiales. Ahora deberá aguardar la resolución de la magistrada a cargo del caso Silvia Benítez, que debe aceptar o rechazar su presentación y de hacerlo haría agudizar más la ya en crisis hipótesis del suicidio que ya había sido cuestionada por el fiscal del caso, Julio Cazzaré, quien solicitó la exhumación del cadáver luego de recolectar testimonios que suscitaron sospechas respecto a la versión dada por los cuidadores del hogar y subalternos de Prystrupczuk.
Isetta anticipó que de ser avalados por la jueza de Garantías de Virasoro presentará cargos contra la ex directora por los presuntos delitos de “tortura, encubrimiento, facilitación de corrupción de menores e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. De hechos por esos mismos ilícitos recibió la semana pasada por orden de su señoría la detención en su vivienda -debido a la falta de alojamiento idóneo en la comisaría de la localidad- en una acusación promovida tanto por el Ministerio Público como por el abogado particular, en representación de varios denunciantes de los distintos delitos (además de los hermanos mayores de C.F.), Eduardo Etchegaray.
En este sentido, el letrado y concejal (mandato cumplido) de Santo Tomé, dio a conocer ayer que presentó un pedido formal solicitando “se investigue la adopción que realizó Sonia Prystupczuk”. El abogado comentó que “al estar presente en la audiencia el viernes pasado ella afirmó que tiene en adopción al niño A, quien vivía en el hogar de niños”. A entender del patrocinante de los acusadores particulares, y “teniendo en cuenta varios artículos del Código Civil y Comercial” la otrora funcionaria “pudo haber incurrido en varios delitos como por ejemplo una apropiación ilegal”. La solicitud fue reenviada a la fiscalía para que su titular tome postura al respecto e impulse o no una nueva pesquisa en derredor de la cuestionada mujer, quien fue separada de su cargo y tiempo después también los orientadores que se encontraban prestando servicios en el hogar a instancias y dependencias suyas y que por estos días están en el centro de la escena.
De dar crédito a la hipótesis homicida quedaría débil la versión primera de los custodios.
Menores: cambió ministerio
A través de un decreto, el Gobierno de la Provincia transfirió de ministerio las competencias y facultades sobre el cuidado de menores de edad institucionalizados. La medida fue publicada en el Boletín Oficial luego del escándalo en el hogar de niñas y niños de Virasoro, vía decreto 1015, de fecha 2 de mayo, relocalizando la Dirección de Protección de la Niñez y Adolescencia, la Coordinación Interministerial y el Departamento de Fiscalización del Ministerio de Justicia de Derechos Humanos, a cargo del doctor Juan José López Desimoni, hasta ahora estaban bajo órbita del Ministerio de Desarrollo Social, cuyo actual titular es Adán Gaya. Su antecesor es Diógenes González, hoy senador y miembro por el oficialismo del Comité Contra la Tortura.
