La movilización será bajo la consigna “Basta de impunidad” y para exigir «el fin de lawfare». Hay sectores que apoyan y otros que se oponen severamente. El núcleo de la protesta estará frente a la misma sede de la Corte Suprema de Justicia. La movida también se replicará en más de 30 ciudades.
Bajo la consigna «Basta de impunidad» y para exigir “el fin del lawfare”, se llevará a cabo hoy la marcha que promueve la renuncia de los cuatro ministros del máximo tribunal del país. La movilización, que se replicará en más de 30 ciudades de todo el país, aglutinará a diversas organizaciones que exigen una reforma integral del Poder Judicial.
En Corrientes también se marchará por “un Poder Judicial democrático”, según expresaron los organizadores locales de la marcha. La manifestación correntina que tiene numerosas organizaciones convocantes, será hoy, a las 9, frente al Superior Tribunal de Justicia, con estricto protocolo sanitario: de barbijos y distanciamiento y vacunación para quienes participen y luego se marchará a la Casa de Gobierno.
No todos están de acuerdo con esta iniciativa, que partió de los sectores más duros del kirchnerismo co-gobernante y a la que se fueron sumando otros sectores, incluidos representantes del mismo Poder Judicial.
Po ejemplo, el directorio del Colegio Público de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial de Corrientes, expresó su “profunda preocupación a propósito de la movilización convocada por referentes de distintas organizaciones políticas, sindicales y sociales”, rechazando los motivos de la misma.
También el gremio de los trabajadores judiciales correntinos manifestó su disidencia. El Sindicato de Trabajadores Judiciales de Corrientes
(Sitraj), en efecto, resolvió no adherir ni participar en la marcha nacional convocada para hoy, al considerarla “una convocatoria teñida de política partidaria y, por lo tanto, alejada del legítimo reclamo de independencia y democratización judicial”.
En un comunicado, el gremio judicial aclara: “Sitraj Corrientes no tiene ni se identifica con partido político alguno en el reclamo de reivindicaciones laborales. En concordancia con esta histórica posición y en virtud de las características de la convocatoria al 1F, decidimos no intervenir en la movilización nacional y ratificar el compromiso de seguir bregando por una Justicia independiente y democrática, seria y eficiente al servicio del pueblo. Por ello luchamos en el pasado, lo hacemos en el presente y lo haremos en el futuro, respetando el legado de los judiciales que nos precedieron”.
MÁS RECHAZOS
En el plano nacional, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público (Affun) y la Lista Bordó de la Asociación de Magistrados llamaron a respetar la «división de poderes».
Desde la entidad que preside Carlos Rívolo pidieron “la debida prudencia que aleje toda posibilidad de vulneración de los principios republicanos al no respetar la división de poderes en el entendimiento que debe garantizarse el desempeño de sus funciones con total independencia asegurando a la comunidad el acceso a una justicia imparcial”.
Si bien la primera línea del Gobierno no llamó directamente a manifestarse contra los integrantes del Máximo Tribunal, algunos de sus funcionarios alentaron la marcha, como Jorge Ferraresi, la interventora de la AFI, Cristina Caamaño o el viceministro de Justicia, Martín Mena.
“La independencia de los magistrados es una obligación de la República, y su vigencia es impuesta por la Constitución nacional y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos. En este sentido, es obligación de los otros poderes del Estado respetarla y afianzarla, sin que ello implique la imposibilidad de auditar, con criterios objetivos y ya determinados por la ley, que contengan y respeten la autonomía de cada magistrado”, expresaron desde Affun.
La Lista Bordó representa al oficialismo dentro de la Asociación de Magistrados. Desde la agrupación liderada por Marcelo Gallo Tagle reclamaron «moderación y sensatez» a los integrantes de Justicia Legítima quienes habían pedido la renuncia de los miembros de la Corte.
“La convocatoria apoyada por jueces, juezas y funcionarios públicos que la propagan como proselitismo partidario, no hace más que corroer a uno de los poderes del Estado, cuya cabeza es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y ello como lógica derivación, importa un ataque al sistema republicano de gobierno, por ignorar los mecanismos previstos constitucionalmente”, expresaron en un comunicado.
