Su renuncia, aunque sorprendió a algunos, era previsible. Demasiadas idas y vueltas desdibujaron su imagen y carcomieron el prestigio con el que ingresó al alto Tribunal en 2004. La Ministra faltó al juramento que hizo de cumplir y hacer cumplir la Constitución. Su continuidad violentaba la norma constitucional y el criterio fijado por el mismo cuerpo judicial. Un caso distinto al de los jueces Ricardo Levene, Carlos Fayt o Enrique Petracchi, para quienes la edad tope no rigió por haber sido designados antes de la reforma constitucional. Rodolfo Martínez Llano fue quien propició en pleno debate que la cláusula de la edad fuera sólo aplicable a los nuevos jueces y no a los existentes, lo cual fue acogido como forma de mostrar que la Corte no era moneda de cambio de acuerdos políticos.
Crónica de una muerte anunciada. Tanto fue el cántaro a la fuente que, al final, se rompió. La controvertida jueza Highton dio un paso al costado convencida de que los números en ambas cámaras la exponían a la posibilidad de ser removida, lo cual implicaba la pérdida del beneficio jubilatorio.
Difícil hubiera sido que manos oficialistas u opositoras votaran a favor de la continuidad de una jueza que no había honrado su juramento, permaneciendo en el cargo a pesar de la manda constitucional.
La doctora Highton había obtenido un amparo a su favor de una magistrada de primera instancia que quedó firme, en lo que se interpretó como una sugestiva negociación con el macrismo en 2017, luego de lo cual sorprendió al formar parte de lo que algunos llamaron “golpe de Estado”, que posibilitó el inesperado reemplazo de Ricardo Lorenzetti por Rosenkrantz.
Hasta entonces, desde 2004 a 2018, Highton había sido aliada incondicional de Lorenzetti. Su voto alentó toda clase de especulaciones. Con Rosatti y el propio Rosenkrantz formó mayoría, terminando con cuatro períodos del hombre de Rafaela, que nunca se resignó a volver a ser un Ministro raso.
En los últimos tiempos, y con el cambio de Gobierno, la doctora Highton volvió a alinearse con Lorenzetti y hasta intentó abortar la reunión en la que se designó al nuevo Presidente.
Desde su vocalía se intentó relacionar su salida con el desacuerdo con la designación de Rosatti. Otros aludieron a problemas de salud. En los hechos, la razón de fondo fue la latente posibilidad de que el Congreso votara su destitución.
El doctor, Rodolfo Martínez Llano advirtió días atrás esa variante. Consideró necesario que la Constitución se cumpliera. Una responsabilidad propia de quien al jurarla en el Palacio de San José de Flores con los otros 304 convencionales asumió el compromiso de cumplirla y hacerla cumplir, algo a lo que parecía dispuesto desde tiempos atrás.
Martínez Llano, estando en funciones como diputado de la Nación, pidió el enjuiciamiento de quien por entonces era el más poderoso de los jueces federales, Roberto Marquevich, de San Isidro, finalmente destituido.
Su lugar fue ocupado por quien era la secretaria del bloque de diputados nacionales del PJ, hoy muy conocida, Sandra Arroyo Salgado.
En Corrientes, llevó a juicio político a tres de los cinco ministros del Superior Tribunal, a catorce jueces, y a dos ministros del Poder Ejecutivo; y en Misiones, al doctor Rubén Langbart, que durante el proceso militar pidió su detención.
EL REEMPLAZO
La salida de la Jueza obligará a la búsqueda de consenso con la oposición, siendo improbable que en el corto y mediano plazo se cubra la vacante. Quizás lleve gran parte de 2022 y se relacione con otro espacio de primerísimo orden, como es el reemplazante de Alejandra Gils Carbó. El pliego de Daniel Rafecas nunca tuvo trámite parlamentario y todo indica que su pliego entrará en una negociación más amplia, en búsqueda de consenso para cubrir ambos espacios.
Son dos cargos de primerísimo orden que comparten la mesa decagonal de acuerdos del cuarto piso del Palacio de Tribunales.
Hasta entonces, la Corte funcionará con cuatro jueces. Si fuera necesario, se convocará a un quinto que sería uno de los presidentes de las cámaras federales, o del Tribunal de Casación Penal; y en última instancia, se apelará, de manera excepcional, a una lista de conjueces aprobada por el Senado.
