La resolución judicial brinda un respiro a más de 60 familias que recibieron la notificación. La rápida intervención de los senadores Breard y Barrionuevo, junto a funcionarios provinciales, permitió evitar la medida.
La magistrada a cargo del Juzgado Correccional Nº 2, María Cristina Sánchez, suscribió ayer un dictamen por medio del cual suspende el desalojo de las 60 familias que ocupan desde hace un par de años un predio de por lo menos dos hectáreas en el barrio Quilmes, conocido como Las del Monte. La resolución judicial se dio como respuesta a una presentación realizada la semana pasada por los senadores Noel Breard y Martín Barrionuevo, bajo la figura amicus curiae (amigos del tribunal).
Esa figura legal fue aprobada por el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, y fue creado con los objetivos de reforzar el ejercicio de la libertad de expresión, el derecho a peticionar ante las autoridades y afianzar el principio republicano de gobierno”.
Proyecto en marcha
Tras esta decisión, el Gobierno provincial se apresta a ultimar los detalles del proyecto que será presentado ante la Legislatura correntina para una vez que sea aprobado, tal es el acuerdo entre el bloque oficialista y de la oposición, se proceda a la expropiación. “La iniciativa ya está casi lista y en horas más será analizada por el gobernador Valdés, quien a posteriori, lo va a enviar para que sea tratado por los legisladores”, el subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia, Manuel Cuevas.
Según indicó el funcionario, una vez que se cuente con la ley que posibilite la expropiación, se procederá a trabajar en la regularización dominial de los terrenos. “Para ello, se los hará parte de un programa provincial para estos fines y comenzará la etapa de planificación urbana para la zona, y así trabajar para que estas familias tengan una buena calidad de vida”, agregó.
De esta manera, las 60 familias que por ahora se encuentran ocupando un privado serán beneficiados por esta figura.
“La decisión política del gobernador Gustavo Valdés junto con el trabajo coordinado con el senador Martín Barrionuevo y del subsecretario de Derechos Humanos, dio sus frutos”, publicó el senador Breard en su cuenta oficial de Facebook.
En esa línea, el legislador provincial indicó también que el fallo favorable que suspende el desalojo del 12 de mayo, “da tiempo de armar una expropiación que solucione definitivamente el inconveniente, trayendo de esta forma tranquilidad social para las más de 60 familias y seguridad sanitaria para todas las partes”.
Un registro que ampara
Los senadores Breard y Barrionuevo pudieron realizar la correspondiente presentación ante la Justicia, debido a que este conglomerado formaba parte del Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (Renabap), además de que se encuentra amparado bajo la Ley nacional 27453 de Régimen de Regularización Dominial para la Integración Sociourbana.
El texto que llevaba la firma de los legisladores provinciales, indicaba que la ley declara de utilidad pública y sujetos a expropiación todos los inmuebles donde se encuentran los barrios del Registro. Además, en su artículo 15, dispone la suspensión de todos los desalojos. “Suspéndanse por el plazo de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, las acciones y medidas procesales que conduzcan al desalojo de los bienes inmuebles incluidos en el Renabap, tanto los sujetos a expropiación, como aquellos de propiedad del Estado nacional. La aplicación del presente artículo es de orden público”, dice la normativa.
Papeles en mano
En relación con la documentación necesaria para iniciar el proceso de expropiación, una vez que así lo apruebe la Legislatura provincial, se requiere una serie de documentaciones del Registro de la Propiedad Inmueble y de la Dirección General de Catastro.
El subsecretario de Derechos Humanos indicó además que el proyecto contemplará la planificación urbana, cloacas, agua, luz, mejoramiento de hábitat y el otorgamiento del título de propiedad, entre otras mejoras fundamentales para estas familias.
Normas que amparan a los barrios en proceso de integración
Según la ley nacional del Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (Renabap), el conglomerado urbano conocido como Las del Monte, en el barrio Quilmes, no puede ser desalojado, debido a que ha sido considerado barrio popular, y sus habitantes incluidos en la Anses.
El decreto 2670 del 1 de diciembre de 2015 establece que aquellos territorios en proceso de integración socio urbana, deben recibir acciones orientadas a la mejora y ampliación del equipamiento social y de la infraestructura, el acceso a los servicios, el tratamiento de los espacios libres y públicos, la eliminación de barreras urbanas, la mejora en la accesibilidad y conectividad, el saneamiento y mitigación ambiental, el fortalecimiento de las actividades económicas familiares, el redimensionamiento parcelario, la seguridad en la tenencia y la regularización dominial que, de acuerdo a la ley, deberán ser progresivas, integrales, participativas y con enfoque de género y diversidad.
La norma, promulgada el 29 de octubre de 2018 por el Poder Ejecutivo Nacional, en su artículo 2º, además, indica que “con el objeto de proceder a su integración urbana” se declaran “de utilidad pública y sujeta a expropiación, los bienes inmuebles en los que se asientan”, conforme lo establece el artículo 5° de la Ley 21499. También confiere a la Agencia de Administración de Bienes del Estado el poder de “sujeto expropiante” de los bienes inmuebles incluidos en el Renabap.
