Tras la aprobación de una ordenanza, la Comuna obliga a los medios de comunicación a publicar el Boletín Oficial. La medida establece multas para quienes no se adecuen a la disposición o difundan información “no oficial”.
La libertad de prensa, pisoteada. La Municipalidad de San Isidro, en el Departamento de Goya, tomó como “propios” a los medios de comunicación de la localidad, con la sanción de una ordenanza por parte del Concejo Deliberante en la que se establece la obligatoriedad de la publicación de los boletines oficiales y la imposibilidad de los medios de poder abordar cualquier tipo de ampliación o investigación que haga referencia a cuestiones comunales.
La llamativa y controversial medida del Municipio, a cargo de Vilma Ojeda, fue puesta en vigencia el pasado 22 de abril luego de la aprobación por unanimidad. Se trata de la Ordenanza Nº 134 la cual entre sus considerandos menciona que “ante los escasos medios de comunicación oficiales y la distorsión que muchas veces se genera sobre la información oficial, se deberá establecer que todas la radioemisoras que se encuentren en la jurisdicción de San Isidro deban, en cada uno de los programas que emitan, difundir la noticia oficial del Municipio”.
Con la libertad de prensa “por el piso”, el documento del Concejo de San Isidro menciona además que “la divulgación de una noticia distinta, o interpretativa a la que el Municipio da conocer será considerada como falta grave y de sanción”.
Los mismos considerandos de la ordenanza dan cuentan de una seria de normas que las FM o medios de la localidad deberán acatar, tal como los “horarios dispuestos para la recolección del Boletín Oficial” que deberá ser publicado a rajatabla.
Sin dudas que la Ordenanza, la cual se elaboró luego de un pedido expreso de la propia jefa comunal Ojeda, tuvo cabida y aprobación casi instantánea en un cuerpo que lo componen cinco concejales, de los cuales solo dos son oposición.
Con la puesta en vigencia de la Ordenanza Nº 134, se estableció en los artículos que “cada propietario de radiodifusoras, como así también todo aquel que posea un espacio radial están obligados a difundir el Boletín Oficial del Municipio de San Isidro”.
El artículo Nº 2, en tanto, expresa que “la divulgación de una noticia distinta, o interpretativa distinta a la que el Municipio da a conocer será considerada como falta grave, y será sancionada con un multa de 500 a 1.000 litros de nafta súper al precio oficial YPF al momento de condenar al incumplidor, siendo responsables solidarios tanto el propietario de la emisora, como el propietario del espacio radial en el que se divulgue la noticia”.
El malestar de la intendenta Vilma Ojeda, y posterior pedido al Concejo de la cuestionable ordenanza, se habría originado por un informe radial, en el cual se daba cuenta del accionar irresponsable, en plena vigencia del aislamiento social obligatorio, de la Comuna que realizaba el traslado de personas de San Isidro a la ciudad de Goya.
“Vilma Ojeda cuenta en su Concejo Deliberante con cinco concejales, de los cuales dos son opositores, por lo que ante una votación siempre tiene mayoría. La Ordenanza Nº 134 básicamente fue la respuesta de ella al malestar que le generó un informe que elaboramos desde un programa en FM Rural en el paraje Tres Bocas”, explicó el periodista Ricardo Ramírez.
El comunicador reveló además que “nuestra labor periodística nos llevó a informar sobre el trasporte de gente de la jurisdicción hasta la ciudad de Goya, esto los hace el Municipio sin ningún tipo de recaudo sanitario ante la situación que vivimos por el coronavirus. Esa información fue la que desató el malestar dentro de la comuna y por ende en parte del Concejo Deliberante. Ojeda se encargó de redactar y presentar ante el cuerpo una nota en la que solicitó que se elabore una ordenanza y se imponga la publicación de un boletín oficial. Realmente creo que hay un poco de ignorancia detrás de esa medida, ya que básicamente avasalla todos los derechos de los medios de comunicación”.
