La atracción de capitales es uno de los aspectos fundamentales en la gestión de Gustavo Valdés y seguirá siéndolo durante el próximo año. Corrientes cuenta con una herramienta legal que estimula las inversiones en varios sectores.
El gobernador Gustavo Valdés marcó que, para desarrollar la provincia, es necesario industrializar en origen la materia prima y por eso existen herramientas que promueven la llegada de capitales para apuntalar ese sector. Uno de los casos que demuestran el éxito de la iniciativa es el interés de los madereros misioneros, quienes miran con buenos ojos radicarse en Corrientes porque en esta provincia la carga impositiva es muy diferente y porque acá también encuentran insumos. En ese marco, desde la gestión provincial reconocen que el próximo año el Estado dejará de recibir sumas millonarias en concepto de impuestos, pero resaltan que son incentivos para contagiar a los industriales a instalarse en Corrientes; todo con el objetivo de “generar un círculo virtuoso en la economía que redunde en mejor calidad de vida para los correntinos”.
A 22 días para que termine 2019 y a uno de cumplirse el segundo año de gestión de Valdés, los ojos están puestos en el Presupuesto que marcarán los gastos del Estado provincial el año entrante. Dicho proyecto es uno de los dos temas –el otro es la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología– que motivaron la convocatoria a sesiones extraordinarias. En esa línea, como viene sucediendo, durante 2020 ingresarán menos recursos a las arcas provinciales provenientes de impuestos a empresas de determinados sectores. No obstante, la iniciativa funciona como una inversión para el desarrollo del sector industrial.
Desde el Ministerio de Hacienda desmintieron datos publicados ayer en un medio digital que daba cuenta que Corrientes perderá 4.082 millones de pesos en 2020 por su política fiscal de otorgar concesiones tributarias. En la nota, se detallaba que la cifra estaba distribuida de la siguiente manera: sector primario, 762 millones de pesos; industria, 2.546 millones de pesos y resto del sector económico, 774 millones de pesos. Más allá que los datos no se corresponden con las estimaciones oficiales, el espectro de los industriales constituye uno de los principales espacios donde el Estado no recaudará como en otras provincias porque entiende que son estímulos para la llegada de capitales que generen puestos de trabajo en el sector privado.
En tanto, desde el Ministerio de Industria resaltaron que la supresión de impuestos “se puede hacer porque hay un proceso fiscal sólido”, porque “tenemos un Banco de Corrientes fuerte” y porque, para alcanzar el desarrollo y la modernización, “es necesario industrializar la provincia”.
En el Gobierno afirman que la reducción de ingresos en conceptos de impuestos al sector privado debe tomarse como una inversión para “generar un círculo virtuoso en la economía que redunde en mejor calidad de vida para los correntinos”. En ese sentido explican que lo que no se recibe en materia impositiva se suma luego al movimiento económico de la provincia.
Un ejemplo de cómo impacta la promoción de inversiones en el ámbito industrial es el caso de los forestoindustriales de Misiones, que, debido a la alta carga de impuestos que padecen, proyectan mudarse a Corrientes y la zona de Gobernador Virasoro, Santo Tomé e Ituzaingó aparece como lugar propicio para la radicación de sus aserraderos.
Ley 5470
La política de atracción de capitales que promueve el Gobierno provincial está amparada en la Ley 5470, cuyo objetivo es generar condiciones claras para la radicación de nuevos emprendimientos privados y la ampliación de los existentes. Se trata del Régimen de Promoción de Inversiones, en el cual los sectores agropecuario, agroindustrial, turístico, de recreación, y esparcimiento gozan de los beneficios fiscales, exenciones y estabilidad fiscal.
El régimen es claro al señalar que “las empresas que se acojan a esta ley gozarán de todos de beneficios fiscales provinciales que la misma”. Además, señala que “el principal beneficio que otorga la Ley 5470 es el de la Estabilidad Fiscal para las inversiones comprendidas, por un plazo de 10 años (a partir de la fecha de aprobación del proyecto) el que puede ser extendido por un lapso máximo de 5 años por Resolución fundada por la Autoridad de Aplicación o a solicitud fundada de los municipios adheridos al Régimen”.
