Diputados del oficialismo y la oposición acordaron un dictamen en la Comisión de Legislación General sobre el proyecto de la ley de alquileres, que podría aprobarse en la próxima sesión y que contempla la extensión del contrato a 3 años, una actualización anual de ese acuerdo basado en un promedio del aumento de salarios e inflación y un nuevo sistema de garantías.
El acuerdo entre legisladores de Cambiemos, del Frente para la Victoria y otras bancadas provinciales permite debatir la iniciativa en la próxima sesión, que se realizará el 20 o 27 de noviembre, antes de la finalización del período ordinario.
El entendimiento se alcanzó en la Comisión de Legislación General, que conduce el macrista Daniel Lipovetzky, en una reunión plenaria con la participación de representantes de la Cámara Inmobiliaria y de inquilinos, y el secretario de Vivienda, Iván Kerr.
“Esta ley la piden todos: lo trabajamos con nuestro gobierno y al presidente entrante también le parece un tema importante”, dijo Lipovetzky a los periodistas.
El dictamen fue suscripto por los legisladores de Cambiemos, Frente para la Victoria, Frente Renovador, Red por Argentina y Argentina Federal, aunque algunos lo hicieron con disidencias parciales como el macrista Pablo Tonelli.
El proyecto fue redactado en base a las iniciativas impulsadas por Lipovetzky, el jefe de la bancada del FPV, Agustín Rossi; el titular del interbloque Red por Argentina, Felipe Solá; Lipovetzky y el diputado del Movimiento Evita Leonardo Grosso.
Los aspectos centrales de la reforma del Código Civil y Comercial referido a la ley de alquileres son la extensión de un contrato de 2 a 3 años, un nuevo mecanismo de actualización anual –en lugar de semestral–, que se calculará en base al aumento de la inflación y el salario.
En ese sentido se establecen una fórmula para la actualización de los precios, combinando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte).
Otro punto clave del proyecto es que se establece que el inquilino podrá optar por presentar como garantía un aval bancario, seguro de caución, garantía de fianza o personal del locatario, que se documentará con recibo de sueldo, certificado de ingresos o cualquier otro medio fehaciente.
En el dictamen consensuado se establece que el inquilino presentará dos propuestas de garantías y el propietario estará obligado a elegir una; también se fija en un mes el depósito que tendrá que abonar el locatario.
También se fija que las expensas extraordinarias deberán ser abonadas por el dueño de la propiedad, y que en caso de rescindir el contrato, el inquilino deberá avisar con tres meses de anticipación para evitar pagar una multa.
Los puntos acordados entre el oficialismo y la oposición fueron explicados por el diputado kirchnerista, Adrián Grana, quien destacó que “nos estamos ocupando del derecho a un acceso básico que es un techo”.
El vicepresidente primero de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), Federico López Castromil, pidió que no “se desnaturalice la profesión de los corredores porque somos intermediarios y no mandatarios de una parte”.
